Beltrán Haddad / La pena de inhabilitación

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En Venezuela existe la “inhabilitación política” en el sentido de pena accesoria para los condenados a prisión. El Código Penal de Guzmán Blanco de 1873 estableció la “inhabilitación para ejercer derechos políticos o algún cargo público”. El código penal vigente establece que la inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria y produce como efecto durante la condena la privación de los cargos o empleos públicos o políticos y privación para obtener otros y para el goce del derecho al sufragio, activo y pasivo. Sin embargo, en la Ley contra la Corrupción quedó establecido que el funcionario corrupto quedará inhabilitado para el ejercicio de la función pública y no podrá optar a cargo de elección popular o a cargo público alguno, a partir del cumplimiento de la condena y hasta por cinco años.

Lo que acabo de referir le viene como dedo al dedal a todos aquellos que pretenden participar en las elecciones del próximo 21 de noviembre. Quiero decir que bajo la sanción de inhabilitación nadie podrá participar en esas elecciones. Lo impide la ley por efecto de esta pena de inhabilitación que incapacita a una persona para el ejercicio de cargos públicos, e incluso del derecho de ir a votar.

Los que han cometido delitos contra el patrimonio público, como peculado, malversación, concusión o cualquier otro, no pueden participar electoralmente en noviembre, según la Ley contra la Corrupción (art. 99) o por aplicación del artículo 24 del Código Penal.

Son esos casos que atormentan a los metidos en política, no con el dolor corporal, sino con el dolor de la aflicción o abatimiento de haber perdido la fuerza moral para hacer política y convertirse en inhabilitado para la función pública. Su infracción no es la infracción del deber del funcionario hacia el propio Estado, sino el deber referido a la relación de servicio hacia los ciudadanos y al pueblo en general. Y eso, no se le puede perdonar.

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