Por EFE

El gobierno de Ecuador envió este miércoles «notas formales de protesta» a Bolivia y Venezuela, después de que los mandatarios Evo Morales y Nicolás Maduro criticaran el pedido de captura y prisión preventiva del ex presidente Rafael Correa, supuestamente implicado en el secuestro de un ex legislador.

En una declaración de prensa, el canciller ecuatoriano, José Valencia, anunció que se presentaron «notas formales de protesta» y se convocó a la Cancillería a los embajadores de Venezuela y Bolivia en Quito para que expliquen las declaraciones de sus presidentes.

Asimismo, dijo que se pidió que el embajador de Ecuador en Bolivia regrese al país para tratar el tema y se suspendió el traslado a Venezuela del nuevo delegado diplomático en ese país.

El presidente de Bolivia, en su cuenta de Twitter, rechazó la solicitud de prisión preventiva contra Correa y denunció una supuesta «politización de la justicia» y la presunta injerencia de Estados Unidos en la acción legal.

«Rechazamos solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el ex presidente de ese país, Hermano. Mashi Rafael. Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de EE UU en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo hermano. Correa ¡Venceremos!», escribió Morales.

También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, opinó que detrás de la acción judicial contra Correa hay una «persecución», que se extiende a otros líderes progresistas de la región como los ex mandatarios de Argentina Cristina Fernández y de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

«Primero Cristina. Luego Lula. Ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La Revolución Bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Mashi Rafael (Rafael Correa)», dijo Maduro a través de su cuenta de Twitter.

Morales y Maduro fueron aliados de Correa durante su Administración (2007-2017) y comparten con él la llamada ideología del «Socialismo del siglo XXI».

Tras reclamar respeto a las autoridades de esos países amigos, el Gobierno ecuatoriano recalcó que la función judicial del país goza de total independencia y que actúa bajo el marco normativo interno.

El canciller Valencia calificó a la situación generada como un «intento de campaña de desprestigio contra la institucionalidad democrática de Ecuador».

«Exigimos como gobierno democrático el respeto de gobiernos vecinos a nuestra división de poderes y al trabajo que el poder judicial está realizando», añadió.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana avisó que «cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de derecho y la justicia plena, democracia plena, que rigen en nuestro país».

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