Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, expuso en una rueda de prensa el 2 de octubre que el XV Censo Nacional de Población y Vivienda no pretende verificar los títulos de propiedad de las viviendas ni ubicar los hogares vacíos producto de la migración; sino que es un instrumento estadístico que permitirá determinar en qué sectores se deben desarrollar más políticas públicas, en función de las necesidades locales.

Sin embargo, Elías Santana, director de la red MiCondominio.com, asegura que la iniciativa del Poder Ejecutivo es una suerte de mecanismo de control que será utilizado para reactivar y reforzar la maquinaria electoral del partido de gobierno.

En una entrevista hecha por César Batiz, director de El Pitazo, transmitida por Instagram y Facebook, Santana alegó: “Las fuerzas democráticas deberían estar más activas ante esta iniciativa del ejecutivo. La reacción de los partidos políticos debería ser más contundente para llamar la atención de la comunidad internacional. El gobierno no puede, no debería, manejar al electorado a su antojo”.

Una iniciativa gubernamental no sustentada

Santana basa su afirmación sobre varias irregularidades; la primera es la selección de los empadronadores. El Decreto N° 3.990, publicado en Gaceta Oficial N° 6.480, del 23 de septiembre, establece la creación del Consejo Nacional de Geografía y Estadística, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque el documento no expresa cómo se seleccionarán los empadronadores, Santana denuncia que el censo estará a cargo de la milicia –componente de las Fuerzas Armadas-, militantes del Movimiento Somos Venezuela –partido político liderado por Delcy Rodríguez- y miembros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (Ubch); por lo que el estudio estadístico pierde su carácter imparcial.

El 4 de septiembre Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara, en compañía del ministro de Planificación, anunció el comienzo de los cursos del censo nacional con el que se están formando a milicianos.

Otra irregularidad, según Santana, es el adelanto del censo, programado originalmente para 2021. La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través, de sus Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, sugiere que los estudios demográficos se hagan con una distancia de por lo menos 10 años para poder obtener datos comparables que permitan revisar el pasado y prevenir a futuro; aunque no lo norma y explica que en países en desarrollo este lapso puede reducirse según la rapidez con la que se generen los cambios.

Para Santana, la falta de un argumento que sostenga la decisión de adelantar el censo incumple con la transparencia, confiabilidad, comparabilidad y neutralidad que el artículo 3 de la Norma para la elaboración de documentos técnicos de las actividades estadísticas del INE explica que debe tener. En 2011, cuando se realizó por última vez el registro, según Santana, los funcionarios encargados de entrevistar a la población fueron elegidos de manera transparente y estaban capacitados para la tarea.

“El censo es una forma de saber qué porcentaje de ocupación hay en las casas, con cinco millones de venezolanos fuera del país. Además, se puede determinar dónde hay electores y dónde no”, dijo.

Ciudadanía organizada versus Estado

“Debemos hacer lo posible para que el censo sea de la manera en la que tiene que ser. Debemos hacer contraloría social”, afirma Santana y por eso insiste en organizar a las comunidades e informarlas acerca de cómo funcionan los estudios poblacionales y cuáles irregularidades deberían llamar la atención de los jefes y las jefas de familia al momento de decidir si suministran los datos que pide el empadronador.

Como director de la red que agrupa a los condominios del país, es enfático al hablar de la importancia de las conexiones entre vecinos a la hora de proteger las propiedades, sobre todo, de quienes ya no están en el país. “Como ciudadanos, debemos apoyar a las asociaciones de vecinos y juntas de condominio”, dijo.

MiCondominio.com, en alianza con Caracas Ciudad Plural, ha comenzado a coordinar asambleas y conversatorios en algunos sectores de la capital con el fin de instruir a los residentes sobre sus derechos y deberes con respecto al censo: “Si el censor no garantiza la confidencialidad, no puedo suministrarle información”. Insiste en que no es negarse a participar en el censo, pero sí reconocer las irregularidades para poder denunciarlas.

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